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ODS 5

IGUALDAD DE GÉNERO

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“Poner fin a todas las formas de discriminación contra las mujeres y niñas no es solo un derecho humano básico, sino que además es crucial para el desarrollo sostenible. Se ha demostrado una y otra vez que empoderar a las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador y ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial.”

¿EN QUÉ CONSISTE?

Lograr la igualdad de género de aquí a 2030 requiere adoptar medidas urgentes para eliminar las causas profundas de la discriminación que sigue restringiendo los derechos de las mujeres, tanto en la esfera pública como privada. Entre otras cosas, es necesario modificar las leyes discriminatorias y adoptar otras que promuevan activamente la igualdad. No obstante, 49 países siguen aún sin disponer de leyes de protección de las mujeres frente a la violencia doméstica, mientras que en 39 países se prohíbe la igualdad de derechos sucesorios entre hijas e hijos. 

La eliminación de la violencia de género es una prioridad, ya que constituye una de las violaciones de los derechos humanos más generalizadas en el mundo actual. Según los datos de 87 países, una de cada cinco mujeres y niñas menores de 50 años ha experimentado alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental en los últimos 12 meses. Las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, siguen impidiendo cada año que 15 millones de niñas menores de 18 años puedan disfrutar de su infancia.

CIFRAS

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A nivel mundial, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres haciendo el mismo trabajo.

1 de cada 3 mujeres han experimentado violencia física y/o sexual.

Las mujeres representan solo el 13 por ciento de los propietarios de las tierras.

En todo el mundo, casi 750 millones de mujeres y niñas vivas hoy se casaron antes de cumplir 18 años.

Dos tercios de los países del mundo en desarrollo han alcanzado la paridad de género en la educación primaria.

Solo el 24% de todos los parlamentarios nacionales eran mujeres a noviembre de 2018, un lento incremento desde 11,3% en 1995.

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METAS

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5.1. Poner fin a la discriminación contra las mujeres y las niñas:

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.

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5.2. Poner fin a toda la violencia contra las mujeres y su explotación:

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

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5.3. Eliminar los matrimonios forzados y la mutilación genital:

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina.

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5.4 Valorar el cuidado no remunerado y promover las responsabilidades domésticas compartidas:

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país.

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5.5. Igualdad de Oportunidades y Participación en posiciones de Liderazgo:

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública.

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5.6. Acceso Universal a los Derechos y Salud Reproductiva:

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.

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5.A. Igualdad de acceso a recursos económicos, posesión de propiedades y servicios:

Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad.

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5.B. ​Promover el empoderamiento de las mujeres a través de la tecnología:

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento de las mujeres.

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5.C. Adoptar políticas y hacer cumplir la legislación que promueve la igualdad de género:

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles.

ESTADÍSTICAS EN COLOMBIA

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RELACIÓN DEL ODS CON LA FAMILIA

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Por primera vez en la historia de Colombia el gabinete ministerial es conformado paritariamente, sumado a la designación de la primera vicepresidenta de la República.

Se espera pasar de 236.000 a 1.116.000 colocaciones de mujeres a través del Servicio público de Empleo entre 2018 y 2022.

Entre enero y mayo de 2019 se han beneficiado 832 mujeres de los procesos de adjudicación y formalización de tierras. Para 2022 se espera beneficiar a 12.142 mujeres con derechos de tenencia sobre la tierra.

La participación política de las mujeres ha aumentado del 6% al 11% en los cargos de elección popular, y del 7% al 21% en las elecciones del Congreso en los últimos 20 años. Sin embargo, es uno de los países de América Latina con la menor representación de las mujeres en la política.

En 2013 la brecha de participación laboral fue del 20,94% (frente al 26,63% en 2001); la brecha de desempleo era de 5,30% (frente al 7,38 en 2001); y 2012 brecha salarial de género fue 23,28% (frente al 17,61% en 2002).

Mujeres colombianas tienen una tasa más alta de educación que los hombres. Sin embargo, las mujeres aún enfrentan importantes dificultades de acceso al empleo, y cuando entran en el mercado laboral, se enfrentan a diferencias salariales significativas y trabajan en los altos niveles de informalidad.

Colombia ha visto una disminución en la tasa de mortalidad materna; pero todavía hay 500 mujeres que mueren cada año a causa del embarazo y del parto.

 

Se han promulgado numerosas leyes nacionales para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, como la Ley 1257 de 2008. No obstante, las cifras siguen siendo alarmantes. Según el informe del Instituto Nacional de Medicina Legal en Colombia (INMLCF) en el 2014 fueron asesinadas 1.007 mujeres, se registraron 37.881 casos de violencia contra las mujeres en el ámbito de la pareja y 16.088 casos de violencia sexual fueron contra mujeres, el 86% del total de las víctimas de este delito, siendo además las niñas y las adolescentes las principales afectadas por esta forma de violencia.

La violencia se agrava en países en conflicto como Colombia. Los efectos de la violencia contra la mujer y de la violación de sus derechos humanos en tal contexto los experimentan mujeres de todas las edades. Son víctimas de actos de amenazas, asesinato, terrorismo, torturas, desapariciones involuntarias, esclavitud sexual, violaciones, abuso sexual, embarazos y abortos forzados. Más de 400.000 mujeres han sido víctimas de homicidio en el marco del conflicto armado, hay más de 57.000 mujeres víctimas de desplazamiento forzado y el desplazamiento interno de más de 2.700.000 mujeres entre 1995 y 2011.

El proceso de paz y transición en Colombia es una oportunidad única para avanzar en la participación plena de las mujeres, así como a realizar esfuerzos adicionales para la igualdad de género. También es una oportunidad para abordar las causas estructurales de la desigualdad y promover un cambio sustantivo en los niveles normativo y de ejecución para la transformación social y la inclusión.

WEBGRAFÍA

La interacción en las familias afecta profundamente las relaciones de poder entre hombre y mujer a causa de la asignación de roles y responsabilidades en el trabajo doméstico y la crianza de los hijos. La distribución del tiempo para la familia refleja y reproduce las diferencias en el acceso a los recursos fuera del hogar, concretamente en los ingresos y el poder de decisión.

 

La desigualdad de género en la esfera pública es tanto causa como efecto de la desigualdad en la esfera privada. A nivel individual, los hombres y las mujeres necesitan mantener un equilibrio adecuado entre el empleo remunerado y las responsabilidades familiares. Las soluciones que se proponen para este reto varían según los países.

 

Las políticas adoptadas dependen de muchos factores, como las estructuras demográficas del país —como la fecundidad, mortalidad, morbilidad y la disponibilidad de inmigrantes extranjeros—, las políticas sociales —como el sistema de bienestar, la estructura de las familias y las políticas laborales—, la estructura del mercado laboral —como la estructura industrial y el grado de separación por género— y las ideologías imperantes sobre lo que es adecuado para las mujeres y para los hombres. Más aún, estas propuestas coexisten en un contexto de cambios en los tipos de familias, tales como la tasa creciente de familias monoparentales en las de altos ingresos —casi siempre, con una mujer como cabeza— y los hogares multigeneracionales en todo el mundo, como la respuesta a los costes de la vivienda y la demanda del mercado de trabajo.

Los primeros años de la vida son importantes para la igualdad de género, ya que es el tiempo en el que las diferencias en las trayectorias de hombres y mujeres comienzan a producirse, y requieren que se actúe en el hogar. Es inevitable, por tanto, que las bajas parentales más generosas y prolongadas, aunque sus beneficiarias sean sobre todo mujeres, no promueven necesariamente la igualdad de género en el mercado laboral en la medida en que propician el retraso en la reincorporación al trabajo y comprometen su progreso profesional a largo plazo.

Las políticas de cuidado infantil que no tienen en cuenta la situación laboral también tienen sus efectos. Cuando el coste de la baja parental —tanto financiera como en términos de tiempo o productividad— repercuten también en los empleadores, pueden afectar a la igualdad de género en la medida en que las decisiones de contratación pueden afectar injusta y negativamente a las mujeres.

 

Una precaución que sugiere esta evidencia sobre la igualdad de género es que se ha afrontado en los países desarrollados, pero se ha hecho muy poco para evaluar su calidad en otras partes del mundo. Sin embargo, en todos los países y niveles económicos —y a pesar del impacto de las políticas de familia en el mercado laboral (y la vinculación a éste)— la igualdad de género en el ámbito público se ve también afectada por el trabajo no remunerado y las tareas de cuidado, las políticas que necesitan ser desarrolladas especialmente a la luz de las necesidades crecientes del cuidado de personas mayores y el aumento de hogares monoparentales, especialmente los gobernados por mujeres.

 

A pesar de este foco en los países desarrollados, hay que definir y poner en práctica lecciones globales sobre los efectos de políticas de familia sobre la igualdad de género en el mercado de trabajo, producción doméstica y crianza de los hijos, sobre todo la necesidad de afrontar la desigualdad inherente al diseño de esas ayudas familiares.

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Por: Semillerista
Ángela Ochoa
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